Papel Mojado
Leíamos recientemente a Pedro Vicente en el Diario de León el siguiente artículo de denuncia sobre lo acontecido con un Observatorio Contra la Despoblación. Os lo recomendamos.
RECIENTEMENTE hemos sabido que el Observatorio regional contra la despoblación, constituido en 2006 por las Cortes de Castilla y León, permanece inactivo desde su misma creación. Dicha inactividad se achaca a la duda existente sobre su adscripción administrativa, esto es, si debe depender del Parlamento que lo creó o de la Junta. El hecho ilustra perfectamente el desinterés de ambas instituciones por afrontar de verdad el problema. La creación del citado Observatorio era una de las 73 medidas incluidas en la Estrategia Regional contra la Despoblación aprobada en 2005 por las Cortes de Castilla y León. Menos mal que su principal cometido era llevar a cabo el seguimiento de la aplicación de las otras 72 medidas. Eso me deja mas tranquilo. Lo digo porque de esas 72 medidas no ha existido prácticamente el menor rastro desde entonces, con lo cual la verdad es que el Observatorio en cuestión no habría tenido mucho que «observar».
El ligero repunte demográfico registrado en la Comunidad ha permitido a la Junta sacar pecho, como si estuviera en el buen camino en materia de población. Y nada más lejos de la realidad. De todos es sabido que ese repunte no se ha debido a un crecimiento vegetativo de la población «autóctona», sino al aluvión de inmigrantes durante estos pasados años de bonanza económica. Descontado este último factor, desgraciadamente puede que coyuntural, subyace la incesante pérdida de población en el medio rural, que era el fenómeno que trataba de combatir la dichosa Estrategia, a día de hoy reducida completamente a papel mojado.
Junto a la despoblación rural, el creciente desequilibrio territorial entre unas provincias y otras es otro de los graves problemas estructurales de Castilla y León. El incremento de la renta media de la Comunidad hasta el 97 por ciento del promedio europeo encierra una gran desigualdad interna. La distribución provincial de esa renta dibuja un mapa hemipléjico, en el que las cuatro provincias situadas al Oeste (León, Zamora, Salamanca y Ávila) se han quedado descolgadas del tren delantero que comparten Burgos y Valladolid. La diferencia de 35 puntos entre Burgos (113 por ciento) y Zamora (78) revela el grado de descohesión a que ha conducido un crecimiento económico absolutamente desordenado, sin la mínima planificación territorial. Al igual que ocurre con la despoblación, el problema está detectado y diagnosticado. Otra cosa es la voluntad política para atajarlo.
El nuevo Estatuto de Castilla y León (disposición adicional primera) insta a la elaboración de un Plan de Convergencia Interior destinado a «eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos entre las provincias y los territorios de la Comunidad» (sic). Pues bien, toda vez que la reforma estatutaria fue aprobada por el Parlamento Autonómico a finales del 2006, tiempo ha tenido la Junta de ir elaborando un Plan que debería ser absolutamente urgente y prioritario. Sin embargo, tal urgencia y prioridad no se ve por ninguna parte y en mayo del 2008 no se tiene el menor indicio de que se esté trabajando en esta materia. ¿Quedará también en papel mojado ese mandato expreso incluido en el nuevo y cacareado Estatuto?
El ligero repunte demográfico registrado en la Comunidad ha permitido a la Junta sacar pecho, como si estuviera en el buen camino en materia de población. Y nada más lejos de la realidad. De todos es sabido que ese repunte no se ha debido a un crecimiento vegetativo de la población «autóctona», sino al aluvión de inmigrantes durante estos pasados años de bonanza económica. Descontado este último factor, desgraciadamente puede que coyuntural, subyace la incesante pérdida de población en el medio rural, que era el fenómeno que trataba de combatir la dichosa Estrategia, a día de hoy reducida completamente a papel mojado.
Junto a la despoblación rural, el creciente desequilibrio territorial entre unas provincias y otras es otro de los graves problemas estructurales de Castilla y León. El incremento de la renta media de la Comunidad hasta el 97 por ciento del promedio europeo encierra una gran desigualdad interna. La distribución provincial de esa renta dibuja un mapa hemipléjico, en el que las cuatro provincias situadas al Oeste (León, Zamora, Salamanca y Ávila) se han quedado descolgadas del tren delantero que comparten Burgos y Valladolid. La diferencia de 35 puntos entre Burgos (113 por ciento) y Zamora (78) revela el grado de descohesión a que ha conducido un crecimiento económico absolutamente desordenado, sin la mínima planificación territorial. Al igual que ocurre con la despoblación, el problema está detectado y diagnosticado. Otra cosa es la voluntad política para atajarlo.
El nuevo Estatuto de Castilla y León (disposición adicional primera) insta a la elaboración de un Plan de Convergencia Interior destinado a «eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos entre las provincias y los territorios de la Comunidad» (sic). Pues bien, toda vez que la reforma estatutaria fue aprobada por el Parlamento Autonómico a finales del 2006, tiempo ha tenido la Junta de ir elaborando un Plan que debería ser absolutamente urgente y prioritario. Sin embargo, tal urgencia y prioridad no se ve por ninguna parte y en mayo del 2008 no se tiene el menor indicio de que se esté trabajando en esta materia. ¿Quedará también en papel mojado ese mandato expreso incluido en el nuevo y cacareado Estatuto?
0 comentarios